UN INCENDIO DETRÁS DE LA FRONTERA

Columna de Raul Palma O.

La tragedia de la cárcel de San Miguel, donde 81 personas privadas de libertad murieron calcinadas este miércoles, ha provocado que por primera vez desde todos los sectores políticos y sociales se hable de la insoportable realidad carcelaria chilena, de lo inhumano del sistema y del hacinamiento de las cárceles, en circunstancias que hace una semana decían todo lo contrario.

¿Se podrá creer hoy que las cosas van a cambiar? Lo dudo y lo explicaré.

La cárcel, ese dispositivo de control del siglo XIX, que representó la modernidad y la evolución en su momento frente al sadismo de las penas infamantes y las torturas públicas, goza hoy, dos siglos después, de total vigencia, a pesar de su ineficiencia comprobada como política de control y prevención de la criminalidad.
La cárcel es la última frontera de la sociedad posmoderna, el límite detrás del cual se arroja todo lo que no sirve para la estructura económica y social actual. Es una forma hábil pero cruel de manejar la excedencia en un sistema neoliberal, donde es necesario ser eficientes y productivos y donde los sujetos de clases inferiores refractarios al orden imperante (situados en ese margen por la educación pública, el lugar de nacimiento, la salud estatal, la falta de oportunidades, la inefable droga, etc.), deben ser marginados en una zona invisible y no onerosa para la sociedad. Es decir: detrás de los muros pestilentes de las viejas cárceles donde el marginado pasa de su propia exclusión ya asignada, a una definitiva. Pasa a ser un preso.

El incendio en la cárcel de San Miguel es un evento que ocurre detrás de la frontera y sólo su carácter de trágico lo hace visible y logra que todos quienes fomentan y promueven con vehemencia las políticas de exclusión aparezcan hoy desdeñando un sistema que provoca una ingente cantidad de personas recluidas, desde los 14 años en adelante, un sistema que tiene a Chile con una de las tasas más alta de encierro por habitante (311 por cada cien mil habitantes) y que en regiones como Arica y Parinacota alcanza la cifra escalofriante de 1.203 presos por cada cien mil habitantes. No es necesario, para entender el fenómeno que termina con toda esa gente quemada en el encierro de una cárcel de madrugada, repetir las características del neoliberalismo que provocan la tasas de marginalidad y desigualdad que es necesario luego controlar por el sistema penal. Ni volver sobre las políticas de seguridad ciudadana que provocan la propagación del miedo como tierra fértil para la oferta represiva; ni insistir en el nefasto populismo penal que con sus leyes draconianas persiste en encarcelar y encarcelar usando hasta el hartazgo el lema del puerta giratoria que hoy parece una mala broma. Tampoco es necesario recordar que en esto no hay diferencias políticas y que esta política pública es quizás la de mayor consenso y la más aceptada por el electorado.El drama de familias pobres llorando en la televisión va a pasar. El llanto de la madre de un chico que vendía CDs ilegales preso y que murió, va a pasar. La imagen de los cadáveres de jóvenes sin mayor educación pública que el Sename va a pasar. Las buenas intenciones y la crispación de periodistas, opinólogos y políticos van a pasar, y lamentablemente, estoy seguro de que poco va cambiar. Salvo, quizás, por la construcción de más cárceles para evitar la aglomeración de cuerpos encerrados. Pero esa nunca va a ser la solución, porque para que exista un cambio real debe existir voluntad de modificar en lo profundo lo que vamos construyendo como país; debe existir confianza en el otro.
Debemos entender que un país desarrollado no es el que más produce sino el que logra que todos sus habitantes tengan un nivel decente de vida, donde nadie -ni siquiera los presos- sobra.